viernes, 5 de abril de 2013

PROYECTO DE LEY - DEROGARÁ EL DECRETO 734 DE 2012


Al respecto del "nuevo" Decreto 734 DE 2012, la cual fue promulgada hace apenas poco más de un año y la cual derogó y compiló el universo de leyes y decretos que desde 1993 inundaron, adicionaron  y reformaron la Ley 80, adquiriendo el estatus de "inconstitucional", como quiera que la Carta Política había considera "un estatuto único de contratación", que obviamente hasta el año 2012 se logró, y tal como lo reseño el Dr. Iván Daría Gómez Lee en su libro "El derecho de la contratación pública en Colombia - Análisis y Comentarios al nuevo Decreto 734 de 2012 "Esta vez, además de afectarse la seguridad jurídica se vulnera también la cultura jurídica de la contratación, es decir, ese conjunto de normas, valores, conocimientos y prácticas que crean la aplicación sucesiva de normas, y que se convierte en la certeza y efectividad de derecho. Una nueva reforma que aleja aún más la contratación del ideario de un estatutos único y de un ordenamiento jurídico preciso, coherente y justo para los operadores de la contratación en la Administración Pública, para los contratistas y para millares de ciudadanos que en legitimo derecho aspiran a tener relaciones contractuales con el Estado".

Ahora para sorpresa, por lo menos mía, no se si del resto de operadores jurídicos de la contratación estatal, recibo la noticia de que la Entidad Colombia Compra Eficiente ha preparado la cuarta versión de un proyecto de Ley "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", el cual DEROGARÍA LOS DECRETOS 734 DE 2012 Y 1397 DE 2012.


"Se destaca del mencionado proyecto, el desarrollo del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 7 del artículo 3 del decreto ley 4170 de 2011, con el fin que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente diseñe, organice, celebre y ejecute los Acuerdo Marco de Precios.
En este punto, se menciona que los Acuerdo Marco de Precios serán el Contrato celebrado entre uno o más proveedores y la Agencia Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en el acuerdo.
En este sentido, las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, estarán obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes, siempre que estos satisfagan la necesidad identificada por la Entidad Estatal; siendo potestativo de las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la rama legislativa y judicial en acudir a tal modelo de contratación. (...)" .  www.contrataciónestatal.com 

Nuevamente la seguridad jurídica se ve afectada, en un tema tan importante, que ha causado los mayores escándalo de corrupción del país y ha puesto en la palestra pública al sistema de contratación estatal Colombiano que de nuevo se ve reformado; eso sí esperemos que el Congreso en su leal saber y entender lo convierta en Ley. 









lunes, 27 de agosto de 2012

CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1416 DE 2010.

LEY 1416 DE 2010
(Noviembre 24)
Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal

ARTÍCULO 3o. En desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del control fiscal territorial, las entidades territoriales correspondientes, asumirán de manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas, indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las Contralorías, sin que esto afecte el límite de gastos del funcionamiento en la respectiva Contraloría Territorial.
2. Decisión

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010.

3. Síntesis de los fundamentos de la decisión
En el presente proceso, le correspondió a la Corte Constitucional resolver, si imponer a las entidades territoriales el pago directo y con cargo a su presupuesto, de las conciliaciones, condenas e indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las contralorías, (i) vulnera el principio de igualdad (art. 13 C.P.) por asignar esta obligación únicamente a las entidades territoriales en las que operen contralorías; (ii) si implica un desconocimiento de los principios de moralidad y eficiencia en el ejercicio de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución; y (iii) si desconoce la autonomía de las entidades territoriales reconocida en el artículo 287 de la Carta Política.
En relación con el primer cargo, la Corte consideró que el trato legal diferenciado a los grupos de entidades territoriales, según cuenten o no con contralorías propias y el distinto impacto que se deriva de la aplicación de la norma demandada respecto de la disponibilidad de recurso presupuestal, tiene un fundamento en la propia Constitución Política (art. 272, incisos primero y segundo), que permite la existencia o no de contralorías territoriales en departamentos, municipios y distritos. Advirtió que el deber de las entidades territoriales de asumir obligaciones derivadas de providencias judiciales y mecanismos de resolución de conflictos, previsto en la norma solo surge de la existencia o no de esas contralorías, ya que tales obligaciones se refieren precisamente a las condenas, conciliaciones e indemnizaciones en contra de esos órganos de control fiscal, de manera que de no existir éstos no habría obligaciones que asumir. Por este motivo, el cargo por la presunta vulneración del principio de igualdad no estaba llamado a prosperar.
No ocurrió lo mismo en cuanto al segundo cargo, toda vez que la Corporación encontró que la disposición acusada desconoce el artículo 209 de la Carta, al desestimular drásticamente la eficiencia en el manejo presupuestal y en la gestión administrativa de las contralorías y eventualmente, la moralidad administrativa, en la medida en que los gastos que se generan de la actuación de estos órganos de control no serían pagados por éstos sino que impactarían directamente el presupuesto de los respectivos entes territoriales y con ello, la disponibilidad presupuestal en la cual se basa el plan sectorial de desarrollo que se afecta de manera importante, al cargarse esos emolumentos a las finanzas territoriales, poniendo en riesgo el adelantamiento de dicho plan y el cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades que tienen mayor peso, pues afecta la ejecución de su presupuesto en desmedro de los objetivos, programas y planes de desarrollo sectorial.
Frente a la tensión entre el fortalecimiento del control fiscal que se busca con la medida legal y la efectividad de los principios de moralidad y eficiencia en el ejercicio de la función administrativa, así como el respeto por la autonomía territorial, la Corte consideró que había que darle prelación a la disponibilidad de recursos del municipio, privilegiando la utilización del presupuesto adoptado por decisión autónoma del ente territorial. Para la Corte, la disposición demandada lleva consigo la disminución del nivel de fuerza de la restricción presupuestal de las contralorías de las entidades territoriales, pues espera que sus gastos sean cubiertos por otra entidad, lo que favorece que no se esfuerce en desplegar la debida diligencia en la gestión administrativa a su cargo y por tanto, termine por afectar la eficiencia en el control fiscal, contrario a la finalidad que se busca por la ley.
Por último, la Corte encontró que la disposición acusada desconoce abiertamente la autonomía territorial, como quiera que al asignar a las entidades territoriales el pago de las condenas, conciliaciones e indemnizaciones de las respetivas contralorías, deriva en un aumento de los costos de la administración territorial, que no dependen de la decisión tomada en materia presupuestal por las autoridades y órganos locales, en desarrollo de las atribuciones que les confieren los artículos 287, 300, 305, 313 y 315 de la Constitución Política. Es evidente que la ley interviene de manera directa en el autogobierno y autoadministración que la Constitución reconoce como uno de los atributos que configuran la autonomía territorial, en detrimento de su propia política presupuestal y la debida atención de los servicios y prioridades de cada ente territorial. Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del artículo 3º de la Ley 1416 de 2010.

viernes, 24 de agosto de 2012

LEY 1562 DEL 11 DE JULIO DE 2012. "POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD
OCUPACIONAL".


En virtud del numeral 1 del Artículo 2, el cual modificó el artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994 es obligatorio la AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES para "Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación".
La Corte Constitucional en Sentencia C -603 de 2012 declaró  inexequible el aparte  o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exteriordel artículo 1 de la Ley 1474 de 2011.


1. Norma acusada
LEY 1474 DE 2011
(Julio 12)
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

ARTÍCULO 1°. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN. El literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 quedará así:
Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos.
Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.
La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años.
ARTÍCULO 7°. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:
Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación de conocerlo, actos de corrupción (sic) En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.

2. Decisión
Primero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 1 de la Ley 1474 de 2011 –que adicionó el artículo 8 de la Ley 80 de 1993-, excepto las expresiones o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, que se declaran INEXEQUIBLES.

Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-200 de 2012 mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la expresión “En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional”, contenida en el inciso final del artículo 7 de la Ley 1474 de 2011, y declarar EXEQUIBLE la parte restante del artículo 7 de la Ley 1474 de 2011, por el cargo de vulneración del inciso segundo del artículo 74 de la Constitución.

3. Fundamentos de la decisión
De manera preliminar, la Corte encontró que existía cosa juzgada constitucional respecto de la expresión “En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional”, contenida en el inciso final del artículo 7 de la Ley 1474 de 2011, declarada exequible mediante la sentencia C-200/12, frente al mismo cargo, por tanto, se limitó a estarse a lo resuelto en este fallo. De otro lado, procedió a conformar la unidad normativa del inciso final demandado del artículo 1 de la misma ley con el resto de la disposición, por la relación directa y necesaria con los incisos precedentes en los que se hallan los supuestos normativos a los que aplica el término de inhabilidad previsto en el aparte demandado.
En el presente caso, le correspondió a la Corte definir (i) si vulnera el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución, establecer que la inhabilidad para participar en licitaciones y celebrar contratos con las entidades estatales, de las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública, cuya pena sea privativa de la libertad o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, se extienda por 20 años; y (ii) si contraviene el artículo 74 de la Carta Política que consagra la inviolabilidad del secreto profesional, prever como causal de cancelación de la inscripción de Contador Público el que actuando en calidad de Revisor Fiscal omita el deber de denuncia de los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo.
En cuanto al primer problema jurídico, la Corte precisó que la exégesis del artículo 122 de la Constitución no admite duda sobre la voluntad del constituyente –tanto del pueblo en el Referendo Constitucional de 2003 como del Congreso de la República en el Acto Legislativo de 2009-, de prever inhabilidades vitalicias e intemporales en cabeza de personas que realizan las conductas delictivas allí enunciadas y que son halladas responsables penalmente. Por la entidad de los bienes públicos a proteger –la moralidad e integridad públicas- y la finalidad que se persigue –la lucha contra la corrupción y el delito-, es clara la voluntad del constituyente de no admitir límites de extensión de las inhabilidades del artículo 122 superior ni admitir condiciones de rehabilitación de quien se haya hecho acreedor a ellas. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha reiterado el carácter permanente de tales inhabilidades, al punto que, salvo prescripción constitucional diferente, las personas en quienes se realicen los supuestos normativos inhabilitantes en los incisos quinto y sexto del artículo 122 constitucional, sobrellevarán inhabilidad vitalicia para ser inscritos o elegidos a cargos de representación popular, para ser designados servidores públicos y para celebrar contratos con el Estado.
Para la Corporación, interpretadas las inhabilidades del artículo 122 de la Constitución como permanentes, es evidente la contradicción entre la norma superior y el artículo 1º de la Ley 1474 de 2011. En efecto, mientras la Constitución no admite límite temporal a las inhabilidades, la disposición legal dispone su extensión “por un término de veinte (20) años”, razón por la cual este enunciado legal resulta en principio contrario al artículo 122 de la Carta. Sin embargo, encontró que el artículo demandado contiene aplicaciones de la extensión veintenaria de la inhabilidad contractual, que no contravienen las disposiciones del artículo 122, supuestos se relacionan con la condena judicial por conductas punibles contra la Administración Pública que no afecten el patrimonio del Estado o no sean delitos relacionados con grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad y narcotráfico. En esos casos, el legislador podía limitar la duración de la inhabilidad a veinte años.
Con base en lo anterior, la Corte Constitucional procedió a declarar la exequibilidad del artículo 1º de la Ley 1474 de 2011, con excepción de las expresiones o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior”, que se declararon inexequibles, por regular supuestos normativos previstos en el artículo 122 de la Constitución, a los que la norma Superior ya había atribuido una consecuencia jurídica diferente, esto es, la inhabilidad permanente. De esta forma, la expresión demandada –“la inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años” y el resto del artículado integrado se encontró exequible, de modo que tal término solo podrá tener aplicación en los demás supuestos del artículo 1 de la Ley 1476 de 2011, ajenos a las prescripciones del 122 constitucional.
En cuanto al segundo problema jurídico, la Corte reiteró que el secreto profesional establecido en la Carta Política (art. 74), no es un valor absoluto, pues debe analizarse en cada caso concreto, a la luz de la cercanía de la profesión con la intimidad personal y con los fines del ejercicio de la misma. En el caso de los contadores, cuando se desempeñan como revisores fiscales, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su función pasa de ser una relación eminentemente privada a trascender el interés público, motivo por el cual sus acciones tienen un impacto no solo en la estabilidad financiera y económica de la Empresa, sino del Estado mismo y de la sociedad. La obligación de poner en conocimiento de las autoridades los actos de corrupción de los que tenga conocimiento, es una función inherente a las labores del revisor fiscal, tal como se advirtió en la sentencia C-200 de 2012.

En desarrollo de lo expuesto, el legislador, con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, estableció, además del deber de denuncia ante las autoridades disciplinarias y fiscales de los actos de corrupción de que tenga conocimiento, una sanción disciplinaria por la omisión de su cumplimiento consistente en la cancelación de la inscripción de contador público por parte de la Junta Central de Contadores. Dicha sanción, en criterio de esta Corporación, constituye una consecuencia razonable, proporcionada y lógica del incumplimiento de una obligación que legal y constitucionalmente es legítima, dados los valores y principios que deben ser protegidos por la labor que ejercen los fiscales que trasciende del ámbito privado a lo público, y que justifican la limitación de la inviolabilidad del secreto profesional. En consecuencia, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-200 de 2012 mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la expresión “en relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional”, contenida en el inciso final del artículo 7 de la ley 1474 de 2011, y declarar la exequibilidad de la parte restante del artículo 7 de la ley 1474 de 2011, por el cargo de vulneración del inciso segundo del artículo 74 de la Constitución.

martes, 24 de julio de 2012

LA DESVIACION DE PODER COMO VICIO DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL. 

El Consejo de Estado declaró la nulidad absoluta de varios contratos celebrados en periodo de cambio de administración municipal, por existir desviación y abuso de poder y al desconocer los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.

martes, 17 de julio de 2012

Nuevo Código General del Proceso.


El 12 de Julio del año en curso, se expidio EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO el cual deroga apartes del Código Civil, Código de Procedimiento Civil, entre otros.

Ley 1564 de 2012. 

lunes, 16 de julio de 2012

 
VIGENCIAS FUTURAS. ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES.

La Ley 1483 de 2011, determinó los requisitos y la procedencia de las vigencias futuras excepcionales para las Entidades Territoriales, como quiera que la Ley 819 de 2003 se quedo corta al establecer solamente la distinción entre Vigencias futuras ordinarias (Artículo 10) y excepcionales (artículo 11) y unicamente contemplar las disposiciones sobre vigencas ordinarias para las entidades territoriales, se hizo necesario que el legislador se pronunciara al respecto.

El texto de la Ley 1483 de 2011 es el siguiente: 

Artículo 1 Vigencias Futuras Excepcionales para las Entidades Territoriales: “En las entidades territoriales, las Asambleas o Concejos respectivos, o iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización siempre y cuando se den los siguientes requisitos:

a)    Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social (…), que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.
b)    El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo (…).

c)    Se cuente con la aprobación previa del confis territorial o el órgano que haga sus veces.

d)    Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación”.

(...).

http://www.sualcaldiavirtual.com/2011/12/17/ley-1483-de-2011/ 

Por su parte, se le formuló concepto jurídico a la Contraloría General de la República sobre la aplicación de la nueva ley respecto de las vigencias futuras respecto de los contratos de concesión de alumbrado público. Así que quedamos atentos una vez sea publicado.