lunes, 16 de julio de 2012

 Gastos de Públicidad - Ley 1474 de 2012.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-537 de 2012, declaró EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1474 de 2012, por medio de la cual se dictaron normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.



En esta oportunidad la Corte Consideró: 
"A partir del estudio del procedimiento legislativo seguido en el debate y aprobación del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, la Corte llegó a las siguientes conclusiones: (i) el tema de la limitación presupuestal a la publicidad que hacen las entidades del Estado estuvo presente en todos los debates, tanto en comisiones como en plenarias. A pesar de que no hizo parte del proyecto original, fue introducido durante el trámite en la Comisión Primera del Senado. Con tal objeto, se puso en conocimiento de los congresistas durante la exposición oral y entrega del documento contentivo del articulado acordado por una subcomisión accidental conformada para el efecto. Un procedimiento similar fue efectuado en el trámite en cuarto debate, instancia en la que se encargó a una subcomisión la formulación de un texto para el conocimiento de la plenaria por el coordinador de ponentes; (ii) el texto fue aprobado sin mayores alteraciones en primer y segundo debate surtidos en la Comisión Primera y la plenaria del Senado de la república. Con todo, el artículo sufrió adiciones importantes en el tercer debate, en el que se amplió la restricción presupuestal no solo respecto del gasto realizado en época electoral, sino que tomó la forma de una restricción general al presupuesto para el rubro de publicidad. Estas limitaciones se hicieron aún más extensas en el cuarto debate, en el que no solo se fijaron limitaciones específicas a determinadas modalidades de publicidad, sino que también se determinó una fórmula de disminución progresiva del rubro presupuestal en comento; (iii) lo anterior conduce a que no se configura una violación del principio de consecutividad e identidad flexible, por cuanto el tema de limitación al presupuesto público destinado a publicidad fue una preocupación constante durante todo el trámite legislativo, al punto que distintas formulaciones normativas sobre el tópico fueron aprobadas en cada uno de los debates, tanto en comisiones como en las plenarias de las cámaras.
A juicio de la Corte, si bien a partir del tercer debate se introdujeron modificaciones a la norma, incluso intensas, al texto aprobado por el Senado, las mismas solo fueron de grado y no desnaturalizaron el contenido de la medida legislativa. Reiteró que desde el inicio del trámite el marco de referencia se mantuvo constante en la limitación del gasto en publicidad oficial y las diferentes versiones del artículo demandado están enmarcadas en ese tópico general, que a su vez se inscribe en el propósito central del proyecto de ley, de eliminar la corrupción a través de diversas estrategias, entre ellas, la optimización en la ejecución del gasto público.
De otro lado, la Corte recordó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la validez de diversas modalidades de comunicación a los congresistas del contenido de las proposiciones al articulado, circunscritas a la idoneidad del mecanismo escogido. Dentro de esas fórmulas está la exposición oral del contenido de la iniciativa dentro del debate parlamentario, a condición que esta tuviera carácter específico. En el presente caso, el representante a la Cámara, Germán Varón Cotrino, coordinador de ponentes, explicó en la plenaria de la Cámara, los aspectos centrales de la iniciativa. De igual modo, existe evidencia que los congresistas estaban enterados del contenido puntual del artículo, pues no de otra manera puede explicarse que luego de la exposición del coordinador de ponentes, algunos representantes procedieron a formular preguntas y observaciones sobre aspectos específicos de la proposición normativa. Ninguno de estos congresistas increpó a la mesa directiva o al coordinador de ponentes acerca del desconocimiento del texto discutido, sino que, antes bien, intervinieron con argumentos sustitutivos sobre el alcance del articulado.
Por consiguiente, la Corte Constitucional constató que el principio de publicidad fue acatado en el caso particular del debate en la plenaria de la Cámara de Representantes en torno de la norma acusada, pues se contó con un mecanismo idóneo para comunicar a los congresistas el contenido específico de las proposiciones al articulado, de modo que fue suficientemente discutido, mediante la formulación de opiniones sustantivas sobre el mismo.
En consecuencia, la Corte procedió a declarar exequible el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, en relación con el cumplimiento cabal de los principios de consecutividad, identidad flexible y publicidad exigidos por la Constitución en el debate y aprobación de todo proyecto de ley. 
 
Frente a éste tema, la Contraloría General de la República ofreció concepto jurídico sobre la viabilidad de utilizar recursos del presupuesto para publicar en los medios de comunicación, las gestiones realizadas por los mandatarios locales.

El ente de Control, concluyó que:

1.    Como se observa de las normas mencionadas los entes territoriales tienen la facultad para utilizar presupuesto propio para gastos de publicidad con el fin de de divulgar los programas y políticas que realicen, siempre cumpliendo con la finalidad de la respectiva entidad y garantizando el derecho a la información de los ciudadanos.

2.    Respecto a las normas sustento del punto anterior, se encuentran el artículo 302 de la Carta Política, artículos 3 y 4 de la Ley 617 de 2000, artículo 6 del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 1094 de 2001 y el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.

3.    El artículo 6 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 1094 de 2001, estableció que las publicaciones y avisos institucionales deberán observar las normas y directivas presidenciales en cuanto a la utilización de la imprenta nacional u otras instituciones que presten dicho servicio, así las cosas se habla de la posibilidad que tiene el respectivo ente territorial de utilizar ya sea los medios públicos por medio de la imprenta nacional o utilizar y celebrar contratos con entidades privadas para la divulgación y publicidad de su gestión, tal como lo autoriza el inciso 2 del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.

4.    El artículo 302 de la Carta Política estableció que los entes territoriales son autónomos administrativamente respecto de su gestión fiscal; así las cosas solo podríamos concluir que deben respetar el límite del 30% impuesto por los decretos mencionados, para los gastos de publicidad.   

5.    La ley no estableció límites respecto de la publicación, ni sobre lo que se puede publicar; solo enunció que la finalidad de los gastos de publicación es la divulgación de los programas y políticas que realice el ente territorial para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Respecto de los medios de comunicación, como ya se indicó; se puede utilizar la imprenta nacional o celebrar contratos con diferentes entidades para la prestación de dicho servicio.

6.     El servidor público que omita el cumplimiento de tales referentes puede comprometer su responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.

7.    Como lo indicó la Ley 996 de 2005 y el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, le está estrictamente prohibido a los servidores públicos, alcaldes y gobernadores la participación, promoción o divulgación de partidos políticos y en general la participación en campañas políticas, así como el uso de recursos públicos para la promoción se servidores públicos, candidatos o partidos políticos.


   

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